martes, 6 de septiembre de 2011

El miedo a contarse

(Una versión de este texto se publicó en el diario El País, el 6 de septiembre de 2011).

Un hombre de unos cincuenta años, que no da oportunidad de que se le pregunte su nombre, ha salido al portal: “Fuera de aquí. El Gobierno ya me ha jodido dos veces y no pienso darle más información para que me vuelva a joder”. Y pum: desaparece tras la puerta de su casa-quinta, del barrio clase alta de Prados del Este en Caracas. Al otro lado, Jesús, el chico que ha llamado a la puerta y que trabaja como empadronador del censo nacional que comenzó el jueves en Venezuela, marca en su base de datos la opción: esta familia “se negó a brindar información”. De las 15 casas que le correspondía censar durante el día, a Jesús solo han recibido en una. Tras la ola de expropiaciones de los últimos años y luego de la amarga experiencia con la “Lista de Tascón” (nombre popular que se le dio en 2003 a la base de datos de solicitantes de un referendo revocatorio contra Chávez, que fue usada luego para purgar la administración pública de opositores), hay un amplio sector de los venezolanos que cree que la información recabada en el censo podría usarse con fines de retaliación política. Por eso tienen miedo de responder.

“¿Más o menos como para qué necesita saber el Gobierno ‘cuántos cuartos utilizan las personas de este hogar para dormir’?”, se queja Rosa García, una señora de unos sesenta años que vive en una urbanización clase media del este de Caracas. Y se responde a sí misma: “Quieren saberlo para llenarte los cuartos vacíos de gente, como en Cuba, o para expropiarte la casa”. Así, hay otras tres preguntas del censo que, aunque se corresponden con los estándares internacionales para medir factores como el hacinamiento o el ingreso promedio de la población, son vistas con suspicacia bajo las circunstancias políticas actuales de Venezuela.

Organizaciones como el partido socialcristiano Copei creen que el hecho de que se le pregunte a los venezolanos su nombre y apellido, el nombre de la empresa para la cual trabaja y su ingreso mensual exacto, revela que la medición tiene un objetivo ideológico. Otros representantes de la oposición al Gobierno de Hugo Chávez, como el gobernador del Estado de Miranda, Henrique Capriles Radonski, han intentado cortarle el paso a las críticas siendo ellos mismos los primeros en ser censados.

El director del Instituto Nacional de Estadística, Elías Eljuri, ha hecho un llamamiento a la calma y ha dicho que ningún venezolano está obligado a responder lo que no quiera. A pesar de la resistencia de algunos, él confía en que el proceso tendrá éxito. “En cuatro días hemos censado más de 160 mil hogares y el rechazo que ha habido ha sido del 0,2 por ciento. Eso es totalmente normal dentro de cualquier investigación. En la medida en que la gente vea que las preguntas son las mismas de los censos anteriores y que la información que suministra queda encriptada, sentirá más confianza”, ha dicho Eljuri a El País.

Y a veces pasa. Durante la hora que duró la entrevista sobre las condiciones de vida de su familia de seis personas, Pedro Gutiérrez, de 54 años, estuvo esperando las preguntas que han sido calificadas de “polémicas”. Pero nunca llegaron. “La información que me han solicitado está correcta. Pero con la política que lleva este Gobierno a cualquiera le da miedo el censo. Yo, lo que no me convenga, no lo contesto”, ha dicho Gutiérrez.

Mientras la confianza de los venezolanos se construye, son los empadronadores los que llevan la peor parte. A Brienza, una chica de 25 años, sin empleo, graduada como técnico superior en informática, la echaron el viernes de una casa con un perro Pitbull. Y anotó en el dispositivo electrónico que utilizan para almacenar las encuesta: “Finalizó la entrevista por problemas de seguridad”. Su salario es de 10,75 bolívares fuertes (2,5 dólares) por cada encuesta realizada, ellos mismos costean los gastos de transporte y alimentación, y están obligados a hacer hasta tres intentos en los hogares donde no consigan a alguien que les responda.

El censo nacional se lleva a cabo en Venezuela cada diez años y de sus resultados depende, entre otras cosas, el reparto de dinero entre las regiones, el diseño de las políticas públicas y la conformación de los circuitos electorales. Un resultado confiable contribuiría a evitar, por ejemplo, lo que ocurrió en las elecciones parlamentarias de 2010: cuando la oposición, a pesar de contar con más votos nominales a su favor, obtuvo menos escaños en la conformación final de la Asamblea Nacional. Esta vez el proceso tendrá una duración de tres meses y culminará el 30 de noviembre próximo.